Los kioscos: el gran negocio dentro del colegio

En los últimos tiempos, ante la disminución del presupuesto educativo, quienes gobiernan la UBA han optado por solventar dicha falta con una política de autofinanciamiento. Es decir, han tomado medidas que apuntan a generar ingresos a partir de la privatización de nuestra educación, avanzando sobre este derecho social. Los intentos de venta del campo de deportes y la conversión de materias en postgrados pagos, son ejemplos de dichas políticas.

La concesión de espacios físicos, como los ocupados por los kioscos y el comedor del CNBA es otra forma de generar recursos adicionales. En efecto, la empresa privada que explota el espacio paga a la Universidad una suma de 72 mil pesos anuales (canon) para brindar el servicio, dinero que solventa los huecos presupuestarios dejados por el Estado Nacional. De este modo, se permite la instalación de una empresa que lucra en un mercado monopólico (pues ninguno de nosotros puede salir en horario de clases para consumir fuera del colegio), reteniendo los beneficios que esto implica y sin garantizar el acceso de los estudiantes a alimentos a un precio razonable, como es nuestro derecho.

A su vez, los altos precios que pagamos cotidianamente están avalados por las autoridades del colegio, sin contemplar esta situación ni la paupérrima calidad de los “menúes” y otros productos no envasados que ofrece el servicio. Ni siquiera se respetan dichos valores acordados, sino que muchas veces se cobra más de lo que exhiben las listas de precios.

Ante este estado de las circunstancias, desde la UPC, proponemos encarar la problemática en varios planos.

En primer lugar, es claro que debemos velar por el óptimo cumplimiento del contrato vigente, evitando un aumento de precios por fuera del mismo.

En segundo lugar, aprovechando la ingerencia de las autoridades como parte del contrato y la existencia de un órgano de cogobierno (aunque antidemocrático), impulsar la creación de una comisión o un equipo en el Consejo Resolutivo que se ocupe del control del servicio y los libros contables, de la revisión del contrato vigente y de la realización de modificaciones al mismo, apuntando a la mejora del servicio y la disminución de los precios; además de regular cuestiones vinculadas al mantenimiento del colegio y la fotocopiadora.

Por último, sostenemos un proyecto a futuro que solucione el tema de raíz. Creemos que una gestión privada que prevea ganancias nunca satisfará las necesidades de los estudiantes, ni garantizará el cumplimiento de sus derechos; sino que solamente la gestión estudiantil de un bar puede hacerlo. A su vez, pensamos que la mejor forma de que sea funcional y pueda perdurar en el tiempo es constituir una asociación civil sin fines de lucro que responda al CENBA, con sus respectivos responsables legales, que es de formación rápida y cumple con nuestras necesidades. Una asociación civil es una persona jurídica, constituida por un conjunto de individuos (llamadas socios) que cuenta con la debida autorización del Estado. Mediante dicha sociedad los estudiantes podríamos obtener el permiso para brindar el servicio, garantizando el cumplimiento de nuestros derechos, vendiendo productos de calidad con los precios al costo.

Desde la UPC entendemos que la concreción de este proyecto no sólo mejoraría notablemente el paso de los estudiantes por el colegio, sino también que constituiría un escalón fundamental para detener el avance sobre la educación pública de las políticas de recursos propios impulsadas por quienes escogen el destino de la Universidad.